Durante 2025, Argentina registró un aumento del 22,6 % en la cantidad de suicidios, alcanzando el número más alto del que se tenga registro reciente.
Frente a una cifra de semejante magnitud, resulta inevitable preguntarse cuáles son las causas que están detrás de esa tragedia silenciosa. Problemas económicos, enfermedades mentales, adicciones, conflictos familiares, aislamiento social y muchas otras variables son objeto de estudio desde hace años.
Sin embargo, existe una pregunta para la cual el Estado argentino ni siquiera tiene una respuesta.
¿Cuántas personas que se quitaron la vida habían atravesado previamente una falsa denuncia?
No lo sabemos.
Y no lo sabemos porque no existen estadísticas oficiales que permitan establecer esa información.
Lo que no se mide, no puede comprenderse
En materia de políticas públicas existe un principio elemental: primero se mide, luego se analiza y recién después se decide.
Sabemos cuántos homicidios se cometen cada año.
Sabemos cuántos robos se denuncian.
Sabemos cuántos accidentes de tránsito ocurren.
Incluso contamos con registros sobre numerosas enfermedades y factores de riesgo.
Pero no existe un sistema que permita conocer si una persona que terminó quitándose la vida había atravesado previamente una falsa imputación penal, una denuncia infundada en un proceso de familia, una acusación pública que destruyó su reputación o un procedimiento judicial posteriormente descartado.
Eso no significa que exista una relación causal demostrada.
Significa algo mucho más simple y, al mismo tiempo, preocupante:
Ni siquiera estamos recolectando la información necesaria para saber si esa relación existe.
Una discusión que merece evidencia
Las falsas denuncias generan un enorme debate social.
Para algunos constituyen un fenómeno excepcional.
Para otros producen consecuencias personales devastadoras: pérdida del trabajo, ruptura familiar, estigmatización social, afectación de la salud mental y procesos judiciales que pueden extenderse durante años.
¿Cuál es el verdadero impacto?
No lo sabemos con precisión.
Y esa incertidumbre no debería resolverse con opiniones, sino con investigación seria.
Las políticas públicas no pueden construirse sobre percepciones.
Necesitan evidencia.
Investigar no significa negar otros problemas
Plantear esta pregunta no implica minimizar a las víctimas reales de delitos ni poner en duda la importancia de protegerlas.
Tampoco significa afirmar que las falsas denuncias expliquen el aumento de los suicidios.
Significa reconocer que toda persona sometida injustamente a un proceso judicial puede sufrir consecuencias psicológicas profundas y que, si queremos diseñar mejores políticas de prevención, primero debemos conocer la magnitud del fenómeno.
Negarse a investigar una posible variable nunca ayuda a comprender un problema complejo.
La información también salva vidas
Cada suicidio representa una tragedia personal, familiar y social.
Precisamente por eso, cualquier factor que eventualmente pueda influir merece ser estudiado con rigor científico.
Porque si nunca recopilamos esos datos, jamás sabremos si existe una relación.
Y si nunca lo sabemos, tampoco podremos diseñar políticas eficaces para prevenir nuevas tragedias.
La pregunta, entonces, sigue abierta:
¿Por qué el Estado argentino no registra cuántos suicidios estuvieron precedidos por una falsa denuncia?
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