Hay normas en el ordenamiento jurídico argentino que establece que al abogado en el ejercicio de su profesión se le debe el mismo respeto y consideración que a un magistrado. Es una disposición que suena noble, casi solemne. Y que, en la práctica, conviene citar con prudencia.
Un colega de Lomas de Zamora —prestigioso, con años de carrera— me contó alguna vez que en toda su trayectoria solo había intentado invocar ese principio dos veces. En ambas oportunidades terminó detenido. La anécdota me arrancó una sonrisa, de esa clase de sonrisa que uno hace cuando algo es demasiado exacto para ser gracioso del todo.
Yo tengo la mía propia.
En cierta ocasión tuve un altercado con un oficial de policía durante un procedimiento. Le exigí —correctamente, dentro de mis atribuciones— que convocara dos testigos antes de continuar. El oficial se molestó. Consideró, al parecer, que yo le estaba diciendo cómo hacer su trabajo. Le aclaré, con toda la calma que pude, que no era yo quien indicaba cómo proceder: era el ordenamiento jurídico. Él no lo tomó bien. Me preguntó, con el tono característico de quien ya tomó una decisión, si yo era abogado.
Dije que sí.
Terminé detenido.
Esa respuesta —corta, veraz, sin agravantes— fue suficiente. Lo que me quedó dando vueltas desde entonces es una pregunta contrafáctica que no me abandona: ¿qué hubiera pasado si, además de confirmar que era abogado, le hubiera exigido el trato que la ley me reconoce, equiparable al de un juez? Prefiero no saberlo. Quizás fue lo más inteligente que hice ese día: limitarme a responder la pregunta que me hicieron, sin agregar nada más.
Hay una tensión profunda, y a veces cómica, entre el derecho escrito y el derecho vivido. El primero existe en los códigos, en la doctrina, en los fallos. El segundo existe en la calle, en las comisarías, en la madrugada cuando un oficial decide qué normas aplica y cuáles no. El abogado que pretende reducir esa brecha en tiempo real, invocando sus prerrogativas con el mismo aplomo con que lo haría en una sala de audiencias, descubre rápidamente que el contexto importa tanto como la norma.
No digo que la norma sea inútil. Digo que su utilidad depende de quién la aplica, cuándo, y con qué actitud llega el que la invoca. Hay batallas que se ganan en el expediente y batallas que se ganan callándose a tiempo.
Mi colega de Lomas, que fue detenido dos veces por insistir, tenía razón. Y yo, que fui detenido una sola vez por apenas confirmar que era abogado, aprendí que en ciertas circunstancias la toga es un atenuante, no un escudo.
La próxima vez que alguien me pregunte si la ley me protege, voy a responder que sí. Y voy a agregar, en voz baja, que depende de quién esté escuchando.
Lucas Bianco
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