Hace un par de años, un grupo de amigos hicimos un experimento. Informal, sin protocolo científico, sin publicación académica en vista. Pero con una conclusión que no me abandonó más.
Le pedimos a una psicóloga que evaluara dos tests psicológicos. Le dijimos que uno había sido realizado por un juez de cámara y el otro por una persona condenada a prisión perpetua por homicidio.
Mentimos. Los tests estaban invertidos.
El que supuestamente era del juez había sido realizado por el condenado. El que supuestamente era de la homicida había sido realizado por el juez.
La psicóloga evaluó. Emitió sus conclusiones. Y el resultado fue el siguiente: el test que ella creía del delincuente dio impecablemente bien. El test que ella creía del juez arrojó indicadores de psicopatía.
Léase: el condenado a perpetua salió sano. El magistrado salió psicópata.
Nadie tocó los tests. Nadie alteró las respuestas. Solo cambiamos las etiquetas.
El sesgo que nadie quiere nombrar
Lo que ese experimento demostró no es que los jueces sean psicópatas ni que los condenados sean inocentes. Lo que demostró es algo mucho más perturbador: que la pericia psicológica en el proceso penal está profundamente contaminada por el contexto en que se produce.
El perito sabe quién es el imputado. Sabe de qué se lo acusa. Sabe, en muchos casos, qué espera el expediente de su informe. Y aunque actúe de buena fe — y muchos lo hacen — ese conocimiento previo deforma la mirada. No porque el psicólogo mienta, sino porque el cerebro humano no evalúa en el vacío. Evalúa desde lo que ya sabe, desde lo que ya cree, desde lo que ya teme.
Eso se llama sesgo de confirmación. Y en una pericia judicial, ese sesgo puede costar años de libertad.
El problema estructural
La pericia psicológica ocupa en el proceso penal argentino un lugar de autoridad desproporcionado con su confiabilidad real. El juez, que no es psicólogo, delega en el perito una conclusión que luego vuelca en la sentencia con el peso de la ciencia. «El informe pericial indica…» se convierte en fundamento de una condena o de una medida de seguridad.
Pero ¿qué garantiza la objetividad de ese informe? ¿El título del perito? ¿El papel membretado? ¿El lenguaje técnico que pocos pueden cuestionar?
Nuestro experimento mostró que ni siquiera hace falta manipular los resultados. Alcanza con cambiar el nombre en la carátula.
Lo que el sistema no quiere admitir
La pericia no es ciencia exacta. Es interpretación. Y la interpretación está siempre mediada por quien interpreta, por lo que sabe, por lo que le dijeron y por lo que espera encontrar.
Eso no significa que las pericias no sirvan. Significa que deben ser tratadas como lo que son: una opinión técnica sujeta a debate, a contrapericia, a impugnación, a todas las herramientas que el proceso pone a disposición de la defensa y que, sin embargo, pocas veces se usan con la agresividad que merecen.
El imputado que llega a la pericia ya llega marcado. Llega con un expediente, con una acusación, con una historia que el perito conoce antes de empezar. Y el perito — humano al fin — ya tiene una imagen formada antes de que el evaluado abra la boca.
Nosotros solo hicimos visible lo que siempre estuvo ahí.
La etiqueta lo es todo
Cambiamos dos nombres en dos hojas. Y una profesional formada, de buena fe, evaluando con sus herramientas técnicas, invirtió por completo sus conclusiones.
No la culpo. El experimento no estaba diseñado para exponerla a ella sino para exponer al sistema que la usa.
Un sistema que deposita en la pericia psicológica una confianza que la propia psicología — en su versión más honesta — no se atribuye a sí misma.
La próxima vez que lean un informe pericial en una causa penal, recuerden esto: antes de que el psicólogo escribiera una sola palabra, ya sabía el nombre del evaluado. Ya sabía de qué lo acusaban.
Ya había elegido su pericia.
Dr. Lucas Bianco
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