La prisión preventiva constituye una de las medidas más gravosas que puede adoptar un Estado contra una persona que, jurídicamente, continúa siendo inocente.
Sin embargo, cuando quien se encuentra privada de su libertad es una mujer, el análisis judicial no puede limitarse únicamente a la gravedad del delito imputado o a la expectativa de pena. El derecho internacional exige una mirada más amplia, que contemple las condiciones particulares de las mujeres privadas de libertad y las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces atraviesan.
Recientemente tuve la oportunidad de obtener una excarcelación extraordinaria en favor de una mujer imputada por un delito previsto en la Ley 23.737.
Se trataba de una investigación por narcotráfico en la que, durante un allanamiento, se había secuestrado una importante cantidad de sustancias estupefacientes fraccionadas para su comercialización, varios millones de pesos en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos habitualmente vinculados a esa actividad ilícita.
A pesar de la gravedad de la imputación y de la entidad de la prueba reunida hasta ese momento, la defensa sostuvo que la decisión sobre la libertad no podía agotarse en esos elementos. Existían circunstancias personales y estándares internacionales que imponían un análisis mucho más amplio. Precisamente allí adquirieron especial relevancia las Reglas de Bangkok, cuya correcta aplicación permitió demostrar que el caso merecía una respuesta cautelar distinta.
Más allá de las particularidades de ese expediente, la resolución constituye una oportunidad para reflexionar sobre un instrumento jurídico que continúa siendo escasamente invocado en nuestros tribunales.
¿Qué son las Reglas de Bangkok?
Las Reglas de Bangkok constituyen las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 65/229 del año 2010.
No crean privilegios.
Tampoco establecen inmunidades.
Lo que hacen es reconocer una realidad objetiva: las mujeres privadas de libertad suelen atravesar condiciones diferentes a las de los hombres y esas diferencias deben ser consideradas al momento de adoptar decisiones judiciales.
El principio rector es sencillo: la igualdad real muchas veces exige respuestas diferenciadas.
La prisión preventiva como última alternativa
Las Reglas de Bangkok parten de una idea central: siempre que sea posible deben privilegiarse medidas alternativas a la privación de libertad.
La Regla 57 establece que, cuando resulte apropiado, los Estados deberán desarrollar medidas no privativas de libertad especialmente adaptadas a las características y necesidades de las mujeres.
Por su parte, la Regla 58 dispone que las autoridades judiciales deben considerar mecanismos alternativos al encarcelamiento, especialmente cuando existan circunstancias personales que justifiquen una respuesta menos gravosa.
No se trata de impedir el ejercicio de la persecución penal.
Se trata de recordar que la prisión preventiva nunca puede transformarse en una pena anticipada.
La perspectiva de género también alcanza a las medidas cautelares
En numerosas investigaciones vinculadas al narcotráfico de baja escala, las mujeres ocupan los últimos eslabones de las organizaciones criminales.
Con frecuencia actúan condicionadas por situaciones de violencia económica, dependencia afectiva, extrema vulnerabilidad social o responsabilidades exclusivas de cuidado.
Las Reglas de Bangkok obligan precisamente a que esas circunstancias sean valoradas individualmente.
No para excluir la responsabilidad penal.
Sino para evitar que la respuesta cautelar ignore el contexto en el que ocurrieron los hechos.
Reflexión final
El debate no consiste en ser más duros o más flexibles frente al delito.
El verdadero desafío consiste en respetar las garantías constitucionales incluso en aquellos casos que generan mayor rechazo social.
Las Reglas de Bangkok nos recuerdan que la igualdad ante la ley no significa tratar a todas las personas exactamente igual, sino garantizar que las diferencias relevantes sean consideradas por los tribunales al momento de decidir.
Porque un Estado de Derecho se mide, precisamente, por la forma en que protege los derechos de quienes se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad.
Lucas Bianco
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