Malvinas: fundamentos jurídicos

La soberanía argentina sobre las Islas Malvinas no es una reivindicación sentimental. Es una posición jurídica sólida, construida sobre cinco siglos de derecho internacional.

El título originario

Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 establecieron la jurisdicción española sobre el área. Las islas fueron descubiertas en 1520 por integrantes de la expedición de Magallanes —al servicio de la Corona española— y desde entonces quedaron registradas en la cartografía europea bajo control efectivo de las autoridades de España.

La Paz de Utrecht de 1713 confirmó la integridad de las posesiones españolas en América del Sur. Gran Bretaña la firmó. Aceptó sus términos. Y aun así, a mediados del siglo XVIII, comenzó a mirar las Malvinas con interés estratégico.

Las protestas que Gran Bretaña no puede ignorar

En 1749, España protestó ante el gobierno británico por un proyecto de establecimiento en las islas. El Reino Unido desistió. En 1764, cuando Francia instaló «Port Louis» en la Isla Soledad, España volvió a protestar y obtuvo el reconocimiento francés de su soberanía. En 1770, cuando tropas británicas levantaron clandestinamente un fuerte en «Port Egmont», España los expulsó por la fuerza.

El acuerdo bilateral de 1771 que siguió a ese episodio es revelador: España restituyó el asentamiento para salvar el honor del rey británico, pero hizo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad del archipiélago. Gran Bretaña guardó silencio. Y en 1774 se retiró voluntariamente de las islas.

Desde entonces, treinta y dos gobernadores españoles se sucedieron en las Malvinas de manera ininterrumpida hasta 1811.

La herencia argentina

Con la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron las Malvinas por el principio del uti possidetis juris de 1810: las nuevas repúblicas americanas conservaban los territorios que correspondían a las demarcaciones coloniales españolas.

En 1820, el coronel David Jewett tomó posesión de las islas en nombre del Estado argentino en acto público, con presencia de ciudadanos estadounidenses y británicos. Nadie protestó. En 1825, el propio Reino Unido firmó con la Argentina un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación sin formular reserva alguna sobre las Malvinas.

El 10 de junio de 1829, el gobierno argentino creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. Solo entonces, después de más de medio siglo de silencio, el Reino Unido protestó.

El acto de fuerza de 1833

El 3 de enero de 1833, una corbeta de la Marina Real británica se presentó en Puerto Soledad, amenazó con el uso de fuerza superior y exigió la rendición. Las autoridades argentinas fueron expulsadas. No hubo declaración previa. No hubo comunicación diplomática. Fue un acto de fuerza en tiempo de paz, entre naciones que se consideraban amigas.

La Argentina protestó de inmediato. Siguió protestando. En 1884 propuso un arbitraje internacional. El Reino Unido lo rechazó sin dar razones.

La cuestión hoy

La disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas —que incluye también las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur— sigue abierta. La Asamblea General de las Naciones Unidas instó reiteradamente a ambos países a negociar. El Reino Unido se niega.

Lo que no puede negarse es el sustento jurídico de la posición argentina: título originario, ocupación efectiva, sucesión de Estados, y una protesta sostenida e ininterrumpida desde 1833 hasta hoy.

La soberanía no se prescribe cuando no se abandona.


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