Por estos días volvió a circular una entrevista en la que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo explicaba cuál era su objetivo al frente de la fiscalía. Allí decía: «Quiero dejar una impronta y marcar una línea de trabajo«, haciendo referencia a la persecuación de aquellas personas que maltraten animales.
Es una frase que invita a reflexionar.
Porque el 28 de mayo de 2026 fue presentada una denuncia penal advirtiendo que una niña de ocho años se encontraba en una situación de riesgo. La denuncia describía hechos concretos y solicitaba la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal para investigar y adoptar las medidas de protección que correspondieran.
Sin embargo, esa intervención no llegó.
Semanas después, fueron los propios vecinos quienes advirtieron una situación que terminó con la aprehensión del hombre denunciado. En la investigación que se inició a partir de ese procedimiento se secuestró, entre otros elementos de prueba, material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes almacenado en su teléfono celular.
Frente a esos hechos, la pregunta es inevitable.
¿Cómo puede ser que una fiscal manifieste públicamente su deseo de dejar un legado en la persecución del maltrato animal y, al mismo tiempo, exista una denuncia que cuestiona la falta de respuesta frente a una advertencia concreta sobre el riesgo que corría una niña de ocho años?
Nadie discute la importancia de proteger a los animales. El maltrato animal constituye un delito y merece ser perseguido.
Pero el Estado tiene un deber todavía más elemental: proteger a los niños.
Cuando alguien golpea la puerta de la Justicia para advertir que una niña puede estar siendo víctima de un delito, la respuesta no puede ser la indiferencia. El tiempo, en estos casos, no es un dato administrativo. El tiempo puede significar la diferencia entre evitar un delito o llegar demasiado tarde.
Por eso no alcanza con hablar de improntas, de líneas de trabajo o de legados.
El verdadero legado de un fiscal se mide por las personas que logra proteger cuando todavía hay tiempo de hacerlo.
Hoy existe una denuncia penal que cuestiona la actuación de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y solicita que se investigue si su respuesta frente a aquella denuncia fue compatible con las obligaciones que la ley impone a todo funcionario público.
Será la Justicia la que determine las responsabilidades que correspondan.
Pero hay una pregunta que ya pertenece a la sociedad.
Si el sistema reacciona con rapidez frente al sufrimiento de un animal, ¿cómo es posible que una advertencia sobre el riesgo que corría una niña de ocho años no haya generado la misma urgencia?
Ese es el verdadero debate.
Y ese, quizás, sea el legado que nunca debió construirse.
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