Hay un juicio que se sigue estudiando dos mil años después. No por la magnitud de la pena, sino por la perfección con la que falló el sistema.
Poncio Pilato interrogó al acusado, escuchó a los acusadores y llegó a una conclusión que dejó asentada con claridad: no encontraba en él delito alguno. Lo dijo una vez. Lo repitió. Lo mandó ante Herodes, que tampoco halló nada. Volvió a decirlo.
Y después firmó la condena a muerte.
No lo hizo porque hubiera aparecido una prueba nueva. Lo hizo porque afuera había una multitud que gritaba.
El expediente
Si uno lee aquel proceso con ojos de penalista, la lista de nulidades es casi didáctica.
Fue detenido de noche, con la ayuda de un delator, y juzgado de madrugada, en un horario en el que el propio derecho hebreo prohibía deliberar sobre causas capitales. No hubo defensa. No hubo tiempo para preparar descargo alguno. Los testigos que se presentaron se contradijeron entre sí, y la contradicción no derivó en absolución sino en la búsqueda de otro cargo.
Cuando el cargo religioso no alcanzó para obtener una pena de muerte que aquel tribunal no podía imponer, se reformuló la acusación en clave política y se la trasladó a otra jurisdicción. Del delito de blasfemia se pasó, sin escala, al de sedición contra el César.
Hubo tormento antes de la sentencia. Hubo un juez que declaró inocente al imputado y que, en el mismo acto, lo entregó al suplicio. Y hubo, finalmente, algo que ningún código de ninguna época podría admitir: la decisión sobre la libertad de una persona sometida a la voluntad de una multitud, en la elección entre Barrabás y él.
Detención irregular, incomunicación, ausencia de defensa, testigos falsos, cambio de calificación legal, forum shopping, tormentos, y una sentencia dictada contra la propia convicción del juzgador.
Todo en menos de veinticuatro horas.
La frase que lo explica todo
Hay un dato del que se habla poco y que, para mí, es el corazón jurídico del asunto.
Pilato quería soltarlo. Lo intentó varias veces. Hasta que alguien de la multitud le hizo notar que, si liberaba a ese hombre, no era amigo del César.
Ahí terminó el juicio.
No lo terminó una prueba. Lo terminó una advertencia sobre el costo personal de absolver.
Y entonces Pilato pidió agua y se lavó las manos. Ese gesto se recuerda como símbolo de cobardía, pero en rigor es otra cosa: es la confesión de un juez que sabe cuál era la decisión correcta y elige la conveniente. Nadie se lava las manos de una sentencia que cree justa.
Lo que no cambió
Uno podría decir que aquello fue producto de una época sin garantías, sin códigos, sin derechos humanos. Sería cómodo.
El problema es que el mecanismo sigue funcionando.
Cambió el formato de la multitud. Hoy no se junta frente al pretorio: se junta en un piso de estudio, en un panel, en un hashtag, en la tapa que va a salir mañana. Grita lo mismo. Pide lo mismo. Y, como entonces, no tiene ninguna responsabilidad sobre el resultado.
Todos conocemos el fenómeno. La detención que se dicta el día después de que el caso se instala en televisión. La prisión preventiva que se prorroga porque soltar a esa persona sería «un escándalo». La excarcelación técnicamente procedente que nadie firma. El sobreseimiento que duerme hasta que baje la temperatura. El juez que en privado admite que la causa no se sostiene y que en el expediente escribe exactamente lo contrario.
Ninguno de esos magistrados va a decir que falló por presión. Van a escribir fundamentos. Van a citar doctrina. Van a hablar del riesgo procesal, de la alarma social, de la gravedad del hecho.
Pilato también tenía fundamentos disponibles. Prefirió el agua.
El punto
Un juez no está para interpretar el humor social. Para eso están las encuestas. Un juez está para sostener una decisión conforme a derecho aun cuando esa decisión sea impopular, incómoda y personalmente costosa. Sobre todo entonces. Un fallo que coincide con lo que la calle pide no requiere coraje: requiere oído.
La independencia judicial no se mide en los casos indiferentes. Se mide en los casos en los que absolver tiene precio.
Y conviene recordar algo más, porque suele olvidarse: la presión de la opinión pública nunca pide garantías. Pide resultados. Pide rapidez. Pide un culpable disponible. Jamás en la historia una multitud reclamó que se respetara el derecho de defensa de nadie.
Por eso el proceso penal no está diseñado para satisfacer a la mayoría. Está diseñado, precisamente, para protegernos de ella.
Aquel viernes, en Jerusalén, un funcionario tenía todos los elementos para absolver. Sabía que el acusado era inocente. Lo dijo en voz alta, delante de todos.
Y condenó igual.
Dos mil años después seguimos discutiendo aquel fallo. La pregunta que vale la pena hacerse no es qué habríamos hecho nosotros en su lugar.
Es cuántas veces, esta semana, alguien volvió a pedir el agua.
Dr. Lucas Bianco
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