Hay decepciones que duelen en silencio y decepciones que obligan a hablar. Esta es de las segundas.
Durante años, el nombre de Carlos Rozanski fue sinónimo de valentía judicial. Como juez federal en La Plata, presidió el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en la Argentina: el caso Von Wernich, el capellán de la dictadura que usó el confesionario como herramienta de delación y muerte. Rozanski no tembló. Condenó. Y muchos, yo entre ellos lo admiramos profundamente por eso. Representaba algo que en este país escasea: un juez que mira a los poderosos a los ojos y no baja la vista.
Por eso lo que está ocurriendo hoy no solo me indigna. Me duele.
Rozanski ahora defiende psicólogas denunciadas penalmente por haber confeccionado pericias falsas en causas de abuso intrafamiliar. Pericias que habrían servido para sostener acusaciones infundadas y cortar el vínculo entre niños y uno de sus progenitores. No hablamos de errores técnicos. Hablamos de documentos que fueron fabricados con el propósito de alejar a un padre o una madre de sus hijos.
Y Rozanski, el hombre que supo defender a las víctimas del terrorismo de Estado, hoy pone su nombre y su prestigio al servicio de quienes arruinan la vida de niños y familias enteras.
La pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿cómo se llega ahí?
La respuesta, me temo, tiene que ver con una lógica corporativa que ha capturado ciertos sectores del activismo de género: la idea de que toda denuncia de abuso es verdadera por definición, que cuestionarla es violencia, y que los profesionales que intervienen en esas causas son soldados de una causa que está por encima del escrutinio judicial. Bajo esa lógica, una pericia psicológica no es un instrumento técnico sujeto a revisión: es un arma política que no se toca.
Pero los niños no son símbolos. Son personas. Y tienen derechos.
El interés superior del niño consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en la Argentina desde 1994 exige que cada decisión que los afecte sea tomada con la mayor rigurosidad, la mayor honestidad y el mayor cuidado. Una pericia falsa no protege a un niño: lo usa. Lo convierte en instrumento de un conflicto de adultos, lo separa de quien lo quiere, le roba parte de su identidad y de su historia.
El derecho a la familia no es un privilegio de los padres. Es un derecho del niño. El derecho a la identidad ese por el que tantos lucharon durante la dictadura, ese que Rozanski conoce mejor que nadie también aplica cuando el que lo viola no es el Estado sino un sistema pericial corrompido.
Lo que hace especialmente grave la postura de Rozanski es que él no puede alegar ignorancia. Conoce el derecho internacional de los derechos humanos desde adentro. Sabe lo que significa usar el aparato institucional para destruir vínculos familiares. Sabe lo que es el abuso de poder disfrazado de procedimiento.
Y, aun así, firma.
Eso no es coherencia ideológica. Es contradicción flagrante. Es aplicar dos varas: una para las víctimas del pasado con toda la justicia que merecen y otra para las víctimas del presente, que resultan invisibles si el victimario no calza en el molde ideológico correcto.
Que haya una denuncia en la Justicia es la vía correcta. Que se investigue con rigor si existió una estructura organizada detrás de estas pericias es imprescindible. Y que quienes resulten responsables si la investigación así lo determina enfrenten las consecuencias legales, también.
Pero lo que no se puede permitir es que el prestigio ganado en la lucha contra el terrorismo de Estado se transforme en escudo para obstruir esa investigación. Los derechos humanos no son de un solo color político. No protegen solo a las víctimas simpáticas. Protegen, sobre todo, a los más vulnerables.
Y hoy los más vulnerables son esos niños separados de sus familias por papeles que, tal vez, nunca debieron existir.
Rozanski lo sabe. O debería saberlo.
Por eso duele tanto que haya elegido no verlo.
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